Por Fabián González

(Motor de Ideas/Mayo11).-El día 2 de Diciembre del año 2010 fue promulgada la nueva Ley de Salud Mental.

Sintéticamente esta ley se refiere a que cada internación por problemas mentales será decidida por un equipo interdisciplinario, que dará aviso a un juez, se hará efectiva sólo en el caso que se considere necesaria, por el tiempo más breve posible y deberá contar con el consentimiento de la persona a internar.  Se incluye a las adicciones como de incumbencia propia.

Decreta asimismo que no se podrán crear nuevos centros de internación psiquiátricos y “en el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos” (Art 27).

Las internaciones se realizarán entonces en los nuevos centros que se vayan creando.

Los que trabajamos en el ámbito de la salud mental conocemos las controversias surgidas antes del dictado de la ley (por lo que suponemos el silencio previo a la promulgación de la misma), y las que con más dramatismo surgirán a partir de su implementación.

La población internada en los centros de salud mental en Argentina se calculan en unas 25.000 personas.  Las patologías que presentan los pacientes son variadas, ya que es muy frecuente encontrar problemas de adicciones, problemas de Trastorno de Personalidad (en especial de Personalidad Límite), depresiones severas, trastorno bipolar (los que se superponen a las depresiones) y esquizofrenia.  En estos 3 últimos casos nos encontramos ante casos de psicosis.

Las psicosis se definen como una enfermedad donde se pierde el contacto con la realidad a través de dos mecanismos: por la presencia de delirios, que son ideas o creencias que poseen un sentido patológico (por ejemplo, ser el enviado de Dios y matar a una persona), y de alucinaciones, que consiste en una percepción que no se corresponde a ningún estímulo externo, aunque tienen la certeza de que sí ocurre realmente.

La enfermedad es altamente invalidante y la calidad de vida suele disminuir de forma radical.  En especial el deterioro sufrido por los esquizofrénicos suele producir una  cronicidad  que requiere del esfuerzo mancomunado de un grupo de especialistas y de instituciones disponibles para una atención adecuada.  Los datos a nivel mundial nos informan que la prevalencia de la enfermedad es del 1 % de la población total, por lo que en nuestro país existirían alrededor de 400.000 personas sólo con esquizofrenia, independientemente de la clase social, religión, etc., aunque con diferentes grados de severidad.

Existe una amplia tradición en las clases medias intelectuales que poseen una visión romántica de la enfermedad mental.  A partir de determinadas corrientes teóricas y sin suficiente sustento empírico se comenzó a representar a los “locos” con una capacidad altamente creadora.  Por lo tanto existe la creencia de que los enfermos están mal debido a la medicación que toman, y que la internación se corresponde, casi, a un secuestro en un campo de concentración.  Siguiendo con esta ilación de ideas, el psiquiatra vendría a ser algo así como Mengele o el Turco Julián, cuyo único objetivo es el de encarcelar a las personas y de este modo enriquecerse, en connivencia con la industria de los laboratorios.

Todos conocemos la realidad de algunos geriátricos, pero a nadie, en su sano juicio, se le ocurriría pensar en cerrar esas instituciones.  Y en especial porque en su mayoría son privados.  Esto es así debido a que es la familia, en última instancia, quien decidirá si interna o no a sus mayores.  Y en general hay consenso para que así ocurra.   Nos encontramos frente a un problema similar.

Si bien existen diversos problemas que nos ayudan a indagar en la compleja problemática de esta área de la salud, y sobre la cual hay que plantear un amplio debate, las idealizaciones abstractas terminan por ser ridículas al ser llevadas al extremo.  Y en este caso esa ridiculez se transformará en dramática si no se hacen las correcciones pertinentes que se ajustan a la realidad.

La idea (y futura realidad si no hacemos algo) de que los centros de internación específicos deben ser cerrados, se asemeja mucho a aquel eslogan de que las empresas estatales debían ser privatizadas porque estaban mal manejadas.  Hoy conocemos las consecuencias.

Estas reformas ya fueron implementadas en diferentes lugares.  En nuestro país es conocido el caso de la provincia de Río Negro.  Habitualmente se menciona a la ciudad de Trieeste en Italia, como modelo a seguir.  Pero donde se observaron las consecuencias más despiadadas fue en EEUU, donde Reagan implementó el cierre de los centros de internación para personas con padecimientos mentales, generando en gran parte el desastre de los famosos Homeless (sin hogar), que en esa época poblaban las plazas y los márgenes de las ciudades.  Sospechamos mucho que gran parte de la “solución”a este problema lo debe haber resuelto el sistema carcelario.

Tal como sucedió en los 90, lo que deja de hacer el Estado lo deberán asumir los particulares por su cuenta.  Es lo que está sucediendo actualmente en España.  En la reciente evaluación que realizaron, a 20 años de la reforma, llegaron a la conclusión de que , en el mejor de los casos, son las familias las que se hacen cargo del peso de la enfermedad, y que las instituciones intermedias (centros de día, hospitales, etc.) resultan insuficientes, por lo cual el FEAFES (Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) y otras organizaciones han creado programas “de respiro familiar”, donde crean instituciones en las que puedan “ingresar al paciente durante ciertos períodos de tiempo”.

Son llamativos algunos hechos previos al tratamiento de la Ley.  Uno de ellos fue que las asociaciones de psiquiatras no fueron consultadas, una situación claramente anómala, aunque justificada ya que se supone que no es un actor que deba incidir en esta discusión.  Juan Carlos Stagnaro, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, sostuvo que está en contra de la Ley porque:

• Desvaloriza el diagnóstico como herramienta para establecer estrategias terapéuticas
• Propone la asistencia a cargo de un equipo que no respeta las incumbencias de cada profesional.
• Confunde internación con reclusión
• Entiende a la prescripción de medicación como castigo.
• Deja a los sectores de menos recursos sin acceso a la salud mental.
• Se opone a la Ley que esgrimiendo Derechos Humanos, somete a los pacientes al abandono, imprudencia, negligencia e impericia profesional.

Por otro lado en el año que pasó nos cansamos de escuchar noticias e informes especiales de los grandes medios de comunicación, “denunciando” los horrores de dichos centros, aunque también mostrando las falencias reales que sí existen y sí hay que mejorar.

En los últimos años Macri viene amenazando con que va a cerrar estos centros, situación que fue denunciada por los trabajadores.  Sin embargo, hubo voces que lo denunciaron porque quería crear “nuevos manicomios”.  En realidad, lo que quería eran los terrenos del Borda y del Moyano, con un valor inmobiliario fabuloso.  Lo mismo se pretende con los terrenos del Open Door, en las cercanías de Lujan, con varias hectáreas de disponibilidad.

El complejao problema de las internaciones crónicas debe ser resuelta.  Sabemos que muchos pacientes, a pesar de tener el alta, eligen quedarse adentro, ya que tienen asegurado techo y comida.  Otros carecen de familia que los sostenga.  Y hay quienes por su gravedad, es imprescindible que tengan un lugar donde acudir, incluso para la internación.  Tampoco desconocemos las difíciles condiciones edilicias, de alimentación, etc, que sin embargo no siempre se corresponden con la fantasía popular.  Pero entre mejorar las condiciones y cerrar los centros de internación hay una distancia insalvable.  Allí funcionan talleres que no hay en otras partes, hay amplias posibilidades de investigación, se dispone de lugares donde abundan los especialistas, etc.

Sospechamos del gran desastre social que nos espera con la desaparición de estos centros.  Esto merece un debate serio y profundo.  Las consignas fáciles, idealizadas, especulativas no ayudan.

Y en Argentina sabemos que lo que se destruye de un plumazo, puede tardar décadas en reparar las consecuencias.

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